Someten a análisis del pleno de la SCJN dictamen
Violencia en Atenco, avalada por el GEM
2009-02-10•Edomex
Durante esta semana el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el dictamen en el que se establece que la violencia desatada en el municipio de San Salvador Atenco estuvo avalada por autoridades superiores, aunque no hubo una orden explícita.
Lo que se debe de considerar es que sí hay elementos para considerar que existió una autorización en el ingreso de la fuerza pública, destacó el dictamen que fue presentado por el ministro Jesús Gudiño Pelayo, quien sometió a un análisis que podría prolongarse por cinco días.
En éstos días, el pleno de la SCJN buscará establecer si hubo violaciones graves a las garantías individuales durante los operativos realizados en mayo del 2006, en diferentes momentos como el ocurrido en el mercado de flores de Texcoco y el bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería.
Por el momento no se ha determinado la responsabilidad absoluta de alguna de las autoridades que intervinieron, a pesar que durante los días previos a la sesión de la Suprema Corte se dijo que en alguna medida intervinieron el gobernador Enrique Peña Nieto y el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
En el dictamen que se puso a discusión se destaca las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que denunciaron haber sido sujetas a abuso sexual por parte de los elementos de seguridad pública estatal y federal, así como los maltratos que recibieron los detenidos durante su traslado al penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez.
Sobre la investigación constitucional de los hechos en San Salvador Atenco, el ministr instructor dejó en claro que prevalecieron graves violaciones a las garantías individuales porque se alteró la forma de vida de la comunidad en que acontecieron, así como sus relaciones con la autoridad.
En el proyecto documental se expuso que durante los hechos se dejaron en evidencia omisiones importantes en materia de policía y seguridad pública, lo que propició condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos de los detenidos por las autoridades.
En tal sentido, existen deficiencias en los cuerpos de seguridad para operar sus intervenciones para recuperar el orden público, además de la inexistencia acerca del uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario, y la inexistencia de protocolos en materia de policía.
