Los líderes fueron encarcelados ARCHIVO

La fracción perredista en la Cámara de Diputados estableció que en la discusión que iniciará la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco, se debe estudiar a fondo la responsabilidad política y jurídica del Estado y sus representantes cuando existe uso excesivo de la fuerza policiaca.

La legisladora Alliet Bautista Bravo estimó que existe responsabilidad de Vicente Fox y Enrique Peña en el operativo que se realizó en mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco, ya que las imágenes de la represión policial contra los pobladores fueron premeditadas.

Aseveró que es evidente que los gobiernos federal y del Estado de México nunca admitirán haber ordenado el ataque contra los pobladores; sin embargo, no haber hecho algo para detenerlo y sancionar esos excesos los ubica como responsables de los muertos y heridos.

Por el contrario, a la población nunca se le ha restituido la paz y tranquilidad, ya que son acosados e intimidados por operativos policiacos y aseguró que la represión fue también política y jurídica, ya que varios integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra tuvieron que vivir en el exilio.

Además, las sentencias de más de 67 años a los dirigentes del Frente, como Felipe Álvarez y Héctor Galindo, y de más de 100 años a Ignacio del Valle, son muestra de la violencia que se ejerció y se ejerce actualmente contra la población de Atenco.

Estos hechos evidencian el falso discurso en la supuesta lucha contra el crimen organizado, pues mientras a los líderes sociales se les persigue y encarcela de por vida a los verdaderos criminales incluso confesos se les elaboran sentencias absurdas o se les dota de impunidad.

La perredista anotó la importancia que para el país tiene la discusión en la SCJN sobre los abusos del Estado en los casos Atenco y Oaxaca, pues es una oportunidad para que no se criminalice la protesta social.