Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre pasado. Foto: René Soto

A partir de este lunes comenzarán a operar los seis juzgados de control que tendrán la encomienda de atender y resolver en cuestión de horas las solicitudes que realice la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones.

Aunque los juzgados están ubicados en el Distrito Federal, las órdenes podrán cumplimentarse en cualquier parte del país. La estrategia se enmarca en la lucha contra el crimen organizado, que ha dejado más de 5 mil ejecutados en lo que va del sexenio.

Los seis jueces —cinco hombres y una mujer— recibieron capacitación desde el 1 de diciembre pasado y contarán con todas las medidas de seguridad posibles para evitar que sean víctimas de un atentado. Por ejemplo, se les dotará de recursos humanos y materiales como sucede con otros impartidores de justicia amenazados por miembros de la delincuencia organizada.

Asimismo, estarán obligados a responder con celeridad a las peticiones “más delicadas” que haga el Ministerio Público, con el objetivo de que las fuerzas del orden ataquen de manera eficaz al crimen organizado.

“El juez federal penal especializado deberá resolver antes de que termine su turno sobre la procedencia del cateo, arraigo o intervención de comunicaciones que les hayan sido solicitados”, se lee en el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Para garantizar la seguridad de los impartidores de justicia se adecuaron las instalaciones que ocuparán en avenida Insurgente Sur 1888, delegación Álvaro Obregón. El inmueble tendrá tecnología de vanguardia, no sólo para resolver solicitudes, sino para mantener a salvo al personal que ahí labore.

Los jueces son Rosa María Cervantes Mejía, Rodolfo Sánchez Zepeda, Jesús Díaz Guerrero, Alejandro Gómez Sánchez, Samuel Meraz Lares y Eduardo Torres Castillo. Ellos podrán conceder los mandamientos judiciales, no sólo para que estos se lleven a cabo en el Distrito Federal, sino en las 31 entidades del país. Todos trabajarán turnos de 24 por 48 horas.

Sin embargo, a diferencia de otros juzgados, en estos no se permitirá el acceso al público, sólo a personal de la PGR y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Cada juzgado contará con cuatro secretarios y personal administrativo supervisado por el Consejo de la Judicatura.

Los juzgadores opinan

En noviembre pasado, los jueces se reunieron en San Pedro Garza García, Nuevo León, con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consejeros de la Judicatura Federal. El objetivo era analizar la forma en que operarán.

Algunos magistrados, como Humberto Venancio Pineda, señalaron que la misión de los jueces de control será vigilar la legalidad de la investigación sin invadir las funciones del Ministerio Público.

En el contexto del Congreso Nacional de Juzgadores, los participantes concluyeron que los nuevos juzgados deberán estar atentos a que se respeten las garantías de víctimas y procesados.

Asimismo, pidieron que se dote de recursos humanos y materiales a los juzgadores para concretar este desafío, al que se comprometió el Poder Judicial el pasado 21 de agosto pasado, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, en Palacio Nacional.

El Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 75/2008, mediante el cual se crean los juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. En el documento se aclara que para el buen funcionamiento de éstos se debe dotar de recursos materiales y humanos al Poder Judicial, además de reformar leyes secundarias.

“Las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han cambiado radicalmente el sistema de justicia penal (...) estas modificaciones son de tal magnitud que impactan directamente la estructura, presupuesto y organización del Poder Judicial de la Federación”, se lee en el documento.

Por ello, señala que “para concretar los objetivos de las reformas constitucionales de manera integral, la ley secundaria deberá reglamentar su aplicación, actividad que incumbe directamente a los órganos legislativos; sin embargo, es innegable que los textos constitucionales constituyen normas legales de la más alta jerarquía que deben ser acatadas indefectiblemente”.

Sentencias on line

Una vez que se autorice o niegue el cateo, arraigo o intervención de comunicaciones, la resolución deberá incorporarse al sistema electrónico del Poder Judicial para que sea consultada por personal autorizado de la PGR y el director del Cisen, quienes podrán obtener una impresión inmodificable.

En el acuerdo signado por el Consejo de la Judicatura se precisa también que los jueces de control tendrán facultades para “conocer de las medidas cautelares que requieran la investigación de los delitos, así como la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional”.