Agentes capitalinos, entre los más cuestionados Foto: Javier García/Archivo

En México la tortura continúa siendo una práctica que utilizan dos de cada tres policías judiciales para obtener confesiones ministeriales, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza.

Pese a que la práctica es una de las violaciones más graves a las garantías individuales (es considerada incluso delito de lesa humanidad, al igual que las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales), 65 por ciento de los judiciales del país la utilizan para conseguir algún tipo de información, lo que los convierte en delincuentes con placas, señaló el ombudsman capitalino.

De acuerdo con un estudio realizado a partir de recomendaciones emitidas por los 31 organismos públicos de Derechos Humanos y la Comisión Nacional del ramo —realizado por María Elena Lugo García y Ricardo Hernández Forcada, del Centro Nacional de Derechos Humanos—, los agentes judiciales pertenecen tanto al ámbito federal como a los locales.

Según el estudio —el último que se realizó en esta materia hace cuatro años—, el principal motivo de la tortura es obtener una confesión ministerial; 76 por ciento de las agresiones ocurren durante la detención, es decir, mientras el agraviado se encuentra bajo la custodia de los agentes. De éstas, 46 por ciento se realizó en las instalaciones policiacas y 26 por ciento en otros lugares.

La tortura se realiza mediante golpes con manos, pies u objetos (algunos en presencia de familiares), se venda a la víctima, se le aplica agua gaseosa en nariz o descargas eléctricas en testículos, recto, pies, piernas y tórax. Otras personas son amarradas de manos o pies, se les infligen quemaduras, se les sumerge en agua o son víctimas de violencia sexual.

En cuanto al DF, el informe refiere que del 12 de julio de 2005 al 24 de julio de 2008 la Unidad B2, de la PGJDF, abrió 197 averiguaciones previas por este delito.

Del total de esas denuncias, sólo seis expedientes fueron consignados a un juez, 46 se encuentran en proceso y en 145 no se procedió al ejercicio de la acción penal.

“Ha habido una transformación de la tortura en la ciudad, pues pasó de ser una práctica política, de contención de la oposición, a un mecanismo de fabricación de culpables o confesiones. La otra gran vertiente tiene que ver con actos de extorsión y corrupción”, aseveró Álvarez Icaza.

Situación del DF

Por este ilícito, la CDHDF ha emitido 39 recomendaciones a responsables de los reclusorios, además de 30 a otras instancias de gobierno; sin embargo, hasta el momento ninguna ha derivado en el procesamiento de ningún servidor público capitalino.

Advirtió que la tortura se ha convertido en un salvoconducto para que los delincuentes busquen su liberación. “No le demos pretextos a los delincuentes, a los abogados corruptos y a un sistema deficiente (de justicia) para que se ponga en libertad a los criminales”.

Claves

Supervisión de ONU

En septiembre pasado, la CDHDF pidió al gobierno federal hacer público el informe del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura que se realizó después de una visita oficial del organismo internacional al país.

En su visita al país, el subcomité de Naciones Unidas se reunió con funcionarios de la CDHDF, de quienes recibió información sobre el estado que guardan los centros de readaptación social, por lo que solicitó visitar los reclusorios Norte y Oriente, y la agencia 50 del Ministerio Público.