El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, afirmó que la liberación de las tribunas legislativas “está muy cerca”, aunque su fracción se comprometió a mantener las acciones de “resistencia civil” para impedir un albazo con la reforma energética.

“Estamos muy cerca de que ya no estemos aquí, cerquita, pero no tanto; vamos a ver si el acuerdo sale y entonces tomaremos las decisiones pertinentes”, precisó.

No obstante, en su sesión plenaria de ayer los diputados del PRD acordaron mantenerse en estado de alerta y emprender las acciones necesarias para frenar una aprobación fast-track en un eventual periodo extraordinario.

Esta posición se contrapone al acuerdo suscrito por el senador Graco Ramírez, a nombre del Frente Amplio Progresista (FAP), para convocar a un debate de 70 días sobre la reforma energética.

Responden a Calderón

Por la noche, González Garza respondió a los señalamiento del presidente Felipe Calderón, quien sostuvo que la toma de las tribunas pone “en ridículo” al PRD.

“El que está haciendo el enorme ridículo es él, por dos razones. Primero, porque se ha demostrado hasta la saciedad que sus funcionarios hacen negocios con Pemex siendo funcionarios y, segundo, que por más que diga que su propuesta no es privatizadora es una iniciativa contra la Constitución.”

—¿Le pediría respeto?

—¡No! A él no le pediría nada.

—¿Esa declaración tensa más el ambiente?

—Pues es Felipe Calderón, ¡qué le vamos a hacer!

—¿Se está acercando al límite con estas declaraciones?

—¡No! Él es mucho más chaparrito. No me voy a meter con eso, la verdad es que no me importa, está fuera de la realidad.

Por separado, el líder del PT en la Cámara de Diputados, Ricardo Cantú, descartó la posibilidad de que el FAP deje la tribuna, pues “no existe hasta ahora un acuerdo.

“Lo que hay es una propuesta de la Comisión de Energía a la Junta de Coordinación Política del Senado, pero no hay acuerdo político.”

Cantú repitió ayer las tres condiciones del FAP para superar la crisis: debate de entre 50 y 120 días, cobertura en tiempos oficiales y que no haya un albazo legislativo.