La causa de los reclamos: El crecimiento de Caléxico superó los recursos escolares, lo que pr Foto: AP / Archivo

Cuando Daniel Santillán les apunta con su cámara, los niños no suelen sonreír: generalmente optan por taparse la cara.

Santillán no toma fotos para un álbum o un recuerdo escolar, sino para demostrar que niños mexicanos asisten ilegalmente a clase en las escuelas públicas de este pueblo de California fronterizo con México.

Las autoridades escolares de Caléxico, agobiadas por el exceso de alumnos y la falta de aulas, contrataron a un fotógrafo para que retratase a los niños y descubra a los infractores.

Santillán toma fotos en el cruce de la frontera y las entrega a los directores de las escuelas, quienes las usan como pruebas para expulsar a los que viven en México.

Desde que inició su labor hace dos años, el número de estudiantes en las escuelas de Caléxico ha disminuido 5 por ciento, de 9 mil 600 a 9 mil 100, en tanto la población creció 3 por ciento.

“La comunidad pidió que lo hiciéramos y nosotros obedecimos”, dijo el presidente del consejo escolar, Enrique Alvarado. “Cuando te afecta personalmente, cuando te obligan a trasladar a tu hija a otra escuela, los vecinos se quejan”.

Todos los días a lo largo de la frontera de casi 3 mil 150 kilómetros (mil 952 millas), niños mexicanos cruzan la frontera a Estados Unidos para asistir a la escuela pública. Nadie lleva la cuenta.

Para las autoridades, el problema no es si son ciudadanos, sino dónde viven.

La Corte Suprema en Washington ha sentenciado que los inmigrantes indocumentados tienen derecho a recibir educación, por eso las escuelas no preguntan sobre el estatus inmigratorio.

Pero ni ciudadanos ni inmigrantes ilegales pueden declarar falsamente que residen en un determinado distrito escolar.

La aplicación de los requisitos de residencia varía de un distrito a otro. Algunas escuelas apenas exigen un contrato de renta o un recibo de servicio público para verificar la residencia, en tanto otras envían a un inspector al domicilio declarado.

Jesús Gándara, superintendente del distrito de Sweetwater, con 44 mil estudiantes en la frontera entre San Diego y México, dice que vigilar a los niños que cruzan la frontera es excesivo: “Quien lo hace, juega a ser agente de inmigración”.

El Distrito Escolar Independiente de El Paso, Texas, envía inspectores a verificar la residencia cuando existen sospechas. Pero el vocero Luis Villalobos dijo que fotografiar niños en la frontera sería un esfuerzo tan monumental como inútil.

No es lo que piensan en Caléxico, una ciudad 193 kilómetros (120 millas) al este de San Diego, cuya población se ha duplicado desde 1990. Una valla de acero en la frontera separa Caléxico de Mexicali, una ciudad industrial de 750 mil habitantes que envía compradores y trabajadores agrícolas a California.

El crecimiento de Caléxico superó los recursos escolares, lo que provocó una superpoblación estudiantil y reclamos de expulsión de los intrusos mexicanos.

Los contribuyentes se quejaron de que sus niños eran transportados en autobuses a escuelas lejanas porque las de sus distritos de residencia estaban sobrepobladas, incluso después que los votantes aprobaron en 2004 gastar $30 millones en la construcción de escuelas.

Se multiplicaron las aulas portátiles.

Santillán, de 62 años, fue contratado en 2005. No tiene aspecto de represor. Retratos del sindicalista agrario César Chávez y del Che Guevara adornan las paredes de su casa. Veterano de Vietnam y activista sindical, es partidario de una amnistía para los indocumentados y lleva jarras de agua al desierto para los mexicanos que cruzan la frontera ilegalmente.

Estaciona su viejo Toyota en la frontera dos o tres veces por semana, a veces en un lugar para discapacitados porque sufre de artrosis en las rodillas. Desde allí fotografía a algunos de los cientos de estudiantes que salen del edificio de inspección y caminan a clase.

Algunos ocultan la cara al ver su corpachón alto y robusto. A veces sigue a los estudiantes hasta la escuela.