Jan Perlín, directora del informe Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en Oaxaca, indicó que se eligió a ese estado como referente para el documento por su alta población indígena. Aunque el estudio se realizó antes del conflicto magisterial, la problemática que se encontró entonces –entre marzo de 2005 y febrero de 2006– “pueden agudizarse en ciertas situaciones”.

Oaxaca sirvió de suerte de termómetro para otros estados con población indígena. La intención, dijo Perlín, fue “hacer observaciones sobre cuestiones sistémicas”, y según sus conclusiones, el acceso a los sistemas de justicia aún son deficientes.

El diagnóstico de los indígenas recluidos en los sistemas penitenciarios del estado concluye que el derecho a la defensa enfrentaba serios obstáculos estructurales para su implantación. “En la práctica, se niega reiteradamente el acceso temprano o en condiciones adecuadas al defensor”, dice.

Otra de las conclusiones es que “el sistema no tiene todas las herramientas para reconocer la diferencia cultural y hacerlo valer dentro del sistema estatal de justicia, y además el tema de reconocimiento de los sistemas de justicia de las propias comunidades indígenas”, expuso Perlín.

Esta falta de sensibilidad durante el proceso se refleja en el hecho que las autoridades no aseguran la presencia de un traductor, aun cuando muchos de indígenas no habla español. Así, en ciento por ciento de los casos las personas afirmaban haber necesitado de un traductor durante el proceso.

Para la muestra se entrevistaron a 663 persona recluidas en 18 centros penitenciarios de Oaxaca.