El secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzáles, defendió ayer ante un Comité Judicial del Senado la decisión sobre los despidos de ocho fiscales federales y dijo que “fue justificada” y que no obedeció a motivos políticos.

Durante la audiencia, Gonzáles dijo que sólo tuvo un “papel limitado” en las discusiones sobre quiénes y cuántos de los 93 fiscales federales se debía despedir para dar paso a sangre nueva en el sistema judicial.

“Hemos hecho grandes cosas [en el Departamento de Justicia] y seguiremos haciéndolas [...] en el momento en que crea que ya no puedo servir con eficacia, entonces renunciaré como fiscal general”, dijo Gonzáles, quien insistió en que no tiene nada que ocultar.

Los fiscales generales de EU son generalmente asignados por recomendaciones de funcionarios estatales, sirven por periodos de cuatro años y están al servicio del Ejecutivo, que tiene capacidad de cesarlos cuando quiera.

Los senadores no cuestionan la autoridad del gobierno de despedir o reemplazarlos pero quieren saber si los despidos, anunciados en diciembre pasado, tuvieron motivaciones políticas, como alegan los demócratas y, sobre todo, si Gonzáles merece permanecer en el cargo.

Durante la primera parte de la audiencia, que se prolongó tres horas, Gonzáles respondió en varias ocasiones “no recuerdo” a las preguntas sobre los despidos, en particular los de David Iglesias, en Nuevo México, y Carol Lam, en California.

Gonzáles es el hispano con el cargo más alto en el gobierno de EU y el primero en ocupar la secretaría de Justicia.