El procurador Rodolfo Félix Cárdenas evitó dar nombres de los sospechosos. Foto: Paola García

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detectó que servidores públicos Hackearon el sistema informático de la institución para alterar averiguaciones previas, con el fin de beneficiar a presuntos delincuentes o proteger intereses personales.

El procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, confirmó la existencia del hackeo en el sistema informático, por lo que dijo que ya se trabaja arduamente para evitar que servidores públicos corruptos actúen en contubernio con la delincuencia.

Los piratas cibernéticos lograron violar los candados del denominado Sistema de Averiguaciones Previas (SAP), el cual contiene información clasificada como reservada o confidencial (declaraciones, pruebas, testimonios) en torno a las indagatorias relacionadas con diversos delitos.

Durante la administración de Bernardo Bátiz se descubrieron al menos 30 casos en que las averiguaciones fueron manipuladas, la mayoría desde fiscalías dependientes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, revelaron autoridades de la dependencia.

Félix Cárdenas evitó dar nombres de sospechosos y el número de casos detectados, para no violar el secreto de las investigaciones que están en curso, aunque señaló que ya se realizan las diligencias correspondientes para actuar contra los responsables.

El funcionario afirmó que se realizan trabajos para verificar “en línea” el trabajo de los agentes del Ministerio Público, además de que comenzaron las modificaciones del SAP para protegerlo de los hackers.

Servidores públicos explicaron que la PGJDF inició un “patrullaje cibernético” en el sistema para darle seguimiento en tiempo real a las averiguaciones previas de cualquier fiscalía y la forma en que se desarrollan.

El objetivo principal, dijeron, es ubicar a los funcionarios que ingresan al sistema para modificarlo ilegalmente de acuerdo con sus intereses, por lo que el “patrullaje” se hará de manera aleatoria. Las investigaciones están a cargo de la Visitaduría General y de la Fiscalía de Servidores Públicos.

Con las modificaciones en el sistema informático, las autoridades pueden saber el nombre del funcionario que inició la averiguación, a través de su número de usuario, además de detectar la computadora que se utilizó. Si se detecta alguna irregularidad, se procede al bloqueo preventivo.

En marzo de 2006 quedó establecida la forma de operación del SAP, en el cual deberían integrarse “con el sigilo debido”, datos como el número de averiguación previa, fiscalía, agencia o ambas, turno, folio, año y mes.

Datos generales de los indiciados, media filiación, consulta de archivos oficiales, datos sobre objetos asegurados, además de determinaciones de ejercicio de la acción penal y de las propuestas de pliego de consignación; datos de la orden de aprehensión, autos de libertad o formal prisión.

Informes sobre las actuaciones en proceso, audiencias, desahogo de pruebas, incidentes y amparos, propuestas de no ejercicio de la acción penal, entre otros.

El SAP

En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de marzo de 2006, se publicó el acuerdo A/001/2006 del entonces procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, por el que se estable-ce la operación del Sistema de Averiguaciones Previas.

Su objetivo es registrar las actuaciones que se realizan en las agencias del Ministerio Público, con el fin de llevar un control y seguimiento de los procedimientos penales.

El acuerdo señala que los servidores públicos que tengan acceso al SAP están obligados a guardar el sigilo respecto al contenido de la información registrada, además de impedir, bajo su más estricta responsabilidad, el acceso de personas no autorizadas.